Una modificación de la ley aprobado por el congreso permite que crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno ya no puedan ser sancionados.
El 09 de agosto de 2024, se publicó oficialmente la ley 32107 que “precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra” en el Perú. Concretamente, lo que dice esa norma es que los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002 no podrán ser juzgados por la Corte Penal internacional y que solo podrán ser llamados delitos de lesa humanidad, los que se cometieron después del 2003.
La consecuencia jurídica de estos cambios es la impunidad para los delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980 – 2000). Actualmente, el Perú vive una larga lucha por verdad y justicia. Lo positivo fue que se dictaron sentencias extraordinarias, que, por ejemplo, alcanzaron al (recién fallecido) ex presidente Alberto Fujimori (caso matanzas de Barrios Altos y La Cantuta). Pero también hay retrocesos. El indulto a Alberto Fujimori fue reavivado a fines del año pasado y había salido de la cárcel.
La ley 32107 es una traba para encontrar justicia y verdad. Según dicha norma, los delitos cometidos durante el conflicto armado interno han prescrito y no podrían sancionarse. La prescripción significa que la persecución penal debe terminar después de 20 o 30 años de cometido el delito. La excepción a la prescripción son los delitos de lesa humanidad. De ese modo, los delitos del conflicto armado c considerados delitos de lesa humanidad. Si pierden ese calificativo, entonces la justicia ya no puede hacer su trabajo.
En consecuencia, los casos judiciales se matanzas, violaciones sexuales, esterilizaciones y otros terribles delitos cometidos en los ochentas y noventas tendrían que cerrarse. Sin embargo, la ley va en contra de principios del derecho internacional. Los jueces peruanos tienen argumentos jurídicos para desacatar la ley.
Ahora bien, desacatar la ley equivale enfrentarse al congreso. Precisamente por enfrentarse a esta ley, un alto funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos perdió su trabajo. Las voces críticas del Ejecutivo contra la ley no fueron escuchadas e incluso una ufuncionaria tuvieron que cambiar de opinión, para respaldar a la ley. A pesar de las voces críticas, el Ejecutivo no observó la ley y el congreso la promulgó.
Esta norma es una ley de impunidad, que muestra el gran poder que han alcanzado sectores reticentes a la verdad y la justicia en un congreso y un ejecutivo, que sufren el rechazo ciudadano (90% de desaprobación).